El insólito plan de Penadés
Un senador del Partido Nacional en Uruguay fue acusado de abusos sexuales por una militante trans de su misma agrupación política, Romina Celeste Papasso, a fines de marzo. Estas acusaciones apuntaron a episodios ocurridos en la juventud de la denunciante, antes de su transición de género. A través de su cuenta de Twitter y luego en una entrevista televisiva, Papasso identificó a Gustavo Penadés como el presunto responsable.
Penadés, un legislador con una larga trayectoria política en Uruguay, desde edil hasta diputado y senador, inicialmente negó estas acusaciones. Sin embargo, la fiscalía de Delitos Sexuales, dirigida por Alicia Ghione, reunió pruebas que lo llevaron a ser imputado por 22 delitos de explotación sexual, en su mayoría relacionados con la retribución a la explotación sexual de menores, como autor en reiteración real.
Junto con la negación de los hechos, se develó un intento de construir una red con policías para evitar su encarcelamiento. Esta maniobra incluyó la participación de contactos masones, reuniones en la casa de un dirigente de fútbol y supuesto uso de recursos estatales para obtener información, con el fin de evadir la responsabilidad legal.
Estos detalles surgieron durante una audiencia en la que cinco personas fueron condenadas por colaborar con Penadés para exculparlo. El caso se cerró a través de acuerdos abreviados, donde los acusados reconocieron los delitos a cambio de penas menores (sin prisión, pero con medidas sustitutivas). Esta trama comenzó a tejerse en mayo, cuando seis víctimas habían presentado declaraciones ante la Fiscalía y la investigación avanzaba.
En este proceso, Diego Cuiñas, un funcionario del Parlasur, contactó al exdirector del Comcar, Carlos Taroco, bajo el pretexto de «ayudar al amigo». Ambos eran amigos de la masonería. Los diálogos entre ellos, utilizados como evidencia por la fiscalía, aludían a «salvar al amigo» o «salvar al hombre».
Cuiñas, Taroco y otro implicado, Matías Cardoso, se referían como «QH», es decir, «Queridos Hermanos», aludiendo al vínculo masónico. Cuiñas era nombrado como padrino, indicando una posición jerárquica superior en la logia.
Cuiñas conectó a Taroco con Marcelo Garate, propietario del equipo de fútbol Uruguay Montevideo, ofreciendo sus instalaciones y casa para acordar estrategias. Asimismo, se reveló que se prometió a Taroco una mejor posición en la logia y la compra de una vivienda por 40.000 dólares.
A pesar de alegar que había una trama en su contra, los intentos de Penadés para desacreditar las acusaciones se tornaron fundamentales para su encarcelamiento, pues la Fiscalía determinó que se trataba de una construcción basada en información pública, con la ayuda de asesores y policías.
Antes de que Penadés hiciera declaraciones públicas, Cuiñas le indicó a Taroco que era «hora de embarrar la cancha». Taroco contactó a dos policías, Federico Rodríguez y Marcos Quiñones, condenados por cohecho calificado, para hostigar a las posibles víctimas y evitar que presentaran denuncias. Además, contactaron a presos relacionados con Penadés para influir en sus testimonios a favor del entonces legislador.
Los condenados cumplirán libertad vigilada y tendrán restricciones para salir del país durante el cumplimiento de la pena, que incluye tráfico de influencias y asociación para delinquir para Cuiñas, Taroco y Garate, y cohecho calificado para los policías, con asociación para delinquir en el caso de Rodríguez.
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