¿Importa lo marítimo?

Carlos Ormaechea C/N(R) | Montevideo
@|Uruguay firmó un acuerdo (MoU) de cooperación bilateral basado en el convenio internacional de OMI sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para Gente del Mar. Convenio sobre el cual Uruguay ha sido auditado reiteradamente, permitiéndole integrar la Lista Blanca de países que cumplen con sus estándares.

MoU que confirma la existencia de capacidades educativas nacionales de reconocido nivel (Ámbito marítimo como opción laboral, El País, 04/10/2022). Reforzado por la reciente oferta de maestrías en Asuntos Marítimos (primeras creo) de la Armada Nacional.

¿Cómo se implementará este MoU? ¿Facilitará la gestión y acceso a mercados laborales internacionales sostenibles de calidad? ¿Asegura el cumplimiento de estándares internacionales de aplicación (incluido el MLC-2006, OIT) y preparación para los retos inminentes?

La visita de un guardacostas extranjero en el marco de una misión regional (¿?) para contrarrestar la actividad marítima ilícita y promover la aplicación de la ley marítima, nos recuerda que el espacio que no ocupemos (también como país) tenderá a ser ocupado por otros.

La incorporación de unidades para la Armada parecería pretender mejorar el ejercicio de soberanía del Estado en su jurisdicción, y asegurar el cumplimiento de la legislación nacional, e internacional de aplicación.

Es relevante la contribución al ejercicio de soberanía que aportan las flotas pesquera y mercante, así como las industrias vinculadas al ámbito marítimo. ¿Interesará promover su desarrollo nacional?

Se ha considerado la idea de transferir efectivos de la Prefectura Nacional Naval (componente de la Armada Nacional-MDN) al MNI, concentrando allí lo atinente a la función policial. Sin aludir al impacto en la disponibilidad de los recursos humanos que el Estado destina a atender una diversidad de responsabilidades y complejísimas tareas en lo marítimo.

Idea que, sin proponérselo, genera incertidumbre y dudas de ser otra “macana”. Que, ameritaría ser discutida, proyectada y analizada seriamente en el ámbito correspondiente. Su solo planteo podría condicionar comportamientos, planificación de esfuerzos y asignación de tareas institucionales (probablemente de la Armada en forma integral), también expectativas de desarrollo profesional y carrera, valoración de pertenencia y legislación. Recordemos la Ley N°1080 que asigna la función de Policía Marítima a la Armada.

Las ideas no son intrínsecamente buenas o malas. Serán tan buenas como la seriedad y calidad del proyecto que las sustente, así como de su implementación. Discusión de idea que, de realizarse sin sesgos confirmatorios y dada la ausencia de política y estrategia marítima nacional, también podría concluir en la conveniencia de priorizar e incrementar el compromiso estatal con lo marítimo en forma integral, potenciando las capacidades existentes, promoviendo el desarrollo de las que se consideren necesarias, y su coordinación integral.

Discusión que podría valorar la experiencia y esfuerzo dedicado (educativo, de recursos y tiempo) a formar profesionales que, entre otras tareas como policía marítima, implementen y apliquen la mayoría de los más de 200 instrumentos de OMI (considerando 50 Convenios, Códigos, reglas, recomendaciones, guías y referencias). Siendo relevante su actualización, ya que OMI mantiene bajo permanente revisión los instrumentos existentes, también la discusión y potencial adopción de nuevas regulaciones acompañando los avances y desarrollo del ámbito marítimo internacional.

Podría ser inspirador el ejemplo de conciencia marítima y decisión política del país que estableció su estrategia marítima nacional y objetivos claramente definidos, integradores y públicos, tendientes a potenciar y proyectarse globalmente en forma coordinada y balanceada (Estrategia Marítima, El País, 23/02/2023).

Este año electoral es una excelente oportunidad de conocer las ideas y proyectos de los candidatos respecto al ámbito marítimo nacional. De cómo promoverlo en forma integral y coordinada, reduciendo la (¿riesgosa?) discrecionalidad circunstancial, dando transparencia y consistencia a las gestiones, así como a la armonización de esfuerzos y cooperación.

¿Reflejarán los programas partidarios la importancia que le asignan (si alguna) a lo marítimo? ¿Podría pretender Uruguay tener una política de Estado en esta materia, o deberemos resignarnos a que algún país, u otros, nos guíe y resuelva al respecto? ¡Mantenemos la esperanza!