Volviendo una vez más a las bases
El Ejecutivo dio marcha atrás y eliminó ese capítulo del proyecto por los cuestionamientos de la oposición y dudas dentro del oficialismo.
El gobierno resolvió este miércoles retirar los cambios al régimen de libertad anticipada incluidos en la reforma del Código del Proceso Penal (CPP), luego de la polémica política generada en torno a ese punto y las críticas desde la oposición.
Según informó el programa Aire rico de Radio Del Sol, la decisión implica eliminar ese capítulo de la redacción usual elaborada por el Grupo Asesor Técnico, que ya fue notificado del cambio. El tema había escalado tras la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, en la que se cuestionó que la propuesta podía habilitar la salida de presos por delitos graves.
Desde el Ejecutivo se había insistido en que no se trataba de una liberación automática, ya que cada solicitud debía ser evaluada por la Justicia con informes de conducta y antecedentes. Sin embargo, la presión política llevó a dar marcha atrás y a retirar el artículo completo.
El texto usual proponía modificar el régimen vigente y permitir que personas condenadas por delitos actualmente excluidos pudieran solicitar la libertad anticipada. A cambio, se establecía un criterio más exigente al requerir el cumplimiento de tres cuartas partes de la pena, en lugar de la mitad como prevé hoy la normativa total.
No obstante, según había declarado en Canal 5 la directora del INR, Ana Juanche, de aprobarse el cambio, el régimen “descomprimiría” con la liberación de una cifra en torno a los 2.500 presos, o un 15% de 17.000 reclusos, en el plazo de un año.
El código vigente establece que el beneficio puede otorgarse cuando exista un pronóstico favorable de reinserción social, basado en la conducta, la personalidad y las condiciones de vida del condenado. La decisión final corresponde a un juez.
Actualmente, están excluidos delitos como violación, abuso sexual, secuestro, homicidio agravado, rapiña, extorsión y narcotráfico, entre otros. Varias de estas exclusiones fueron incorporadas en el período anterior, en particular para rapiña, copamiento, extorsión y delitos vinculados a drogas.
La propuesta del Ejecutivo buscaba revertir parte de esas restricciones y establecer un esquema intermedio. Desde el equipo redactor se planteaba un “equilibrio” entre un régimen más versatile y uno más restrictivo, con ejemplos concretos de aplicación según el tipo de delito y la pena.
El punto generó cuestionamientos inmediatos. Desde la oposición se advirtió que la iniciativa incluía delitos de alta gravedad y se adelantó que no sería acompañada a nivel parlamentario. En paralelo, surgieron diferencias dentro del propio oficialismo y reparos desde organizaciones sociales.
En ese contexto, también se resolvió excluir de cualquier cambio a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad, tras reuniones con colectivos vinculados a víctimas del terrorismo de Estado.
Además, desde el Instituto Nacional de Rehabilitación se manejaron estimaciones iniciales que hablaban de hasta 2.000 posibles beneficiarios, aunque luego se aclaró que el número efectivo sería menor y que en algunos casos rondaría las 400 personas, siempre sujeto a evaluación judicial.
Obtenido de: https://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?959035
