Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) defendieron la semana pasada en el Parlamento la estrategia adoptada para abordar el problema de las personas en situación de calle, un flanco débil reconocido por el gobierno de Yamandú Orsi que llevó a que se presentaran una serie de medidas.
El ministro Gonzalo Civila asistió a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados a instancias de la diputada blanca Fernanda Auersperg, exjerarca del Mides durante el gobierno pasado y presidenta de la comisión.
Durante su intervención, Civila repasó las principales líneas de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, sobre todo aquellas referidas al Design 365 —que sustituye al Pla Invierno— y a otras de carácter más «estructural» que buscan atender el problema desde la raíz.
El ministro insistió —como ha hecho públicamente— en que la cartera está aplicando todas las herramientas que tiene a su disposición, incluyendo algunas de carácter más compulsivo, como la Ley de Faltas, la internación involuntaria o la evacuación obligatoria (aunque esta se ha limitado a los meses del invierno, por ejemplo con la declaración de alerta roja el año pasado).
Orsi Civila
Sin embargo, Civila aclaró que herramientas como la Ley de Faltas son un mero ordenador del espacio público, porque en realidad funcionan como una «puerta giratoria muy fuerte».
«Algunas personas llegaron a ser trasladadas ocho o nueve veces por la Ley de Faltas, en el marco de este operativo (en relación al Operativo Calle aplicado junto al Ministerio del Interior), y esto no es algo nuevo; es algo que ha venido pasando con la Ley de Faltas históricamente, porque son personas que no manifiestan voluntad de entrar al sistema, entran obligadas —digamos— por el operativo«, argumentó.
Pese a que Civila dijo que con los últimos operativos se logró retener a algunas personas más en el sistema, cuestionó la eficacia de la herramienta para solucionar el problema de la situación de calle.
«Decir que con la Ley de Faltas vamos a abordar el problema de la intemperie es como decir que vamos a destornillar un tornillo con una sopapa«, aseguró.
Y agregó que esos instrumentos están pensados «para otra cosa», aunque esto no quiera decir —subrayó— que «hay que hacerlo».
«Debemos tener claro que depositar ahí la resolución del problema de la intemperie es una falsa expectativa«, resumió.
Problemas de pago con tercerizados
En la sesión, Civila también se refirió a los reclamos de falta de pago por parte de los trabajadores tercerizados del Mides, que dependen en su mayoría de organizaciones de la sociedad civil con las cuales la cartera tiene convenios firmados y que están nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga).
«Tuvimos un problema grande en el mes de diciembre (de 2025), y el problema grande de ese mes es producto de un problema estructural que se repite año tras año y de situaciones particulares», sostuvo.
Civila señaló que al asumir la gestión se encontró con una serie de convenios que vencían en abril y que estaban sin renovar, porque la admnistración anterior había decidido que las nuevas autoridades tomaran la decisión.
Sin embargo, esto llevó a demoras en los procesos de renovación, que tienen que pasar previamente por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), además de no contar con «créditos disponibles» para hacerlo.
«Todas esas renovaciones de convenios que se dejaron pospuestas para el inicio de la administración entrante son convenios que fueron observados por el TCR», agregó.
Pese a reconocer los problemas en esta área, Civila subrayó que no hay atrasos de varios meses en el pago, sino de algunos días.
«No hay ninguna organización donde haya trabajadores que digan: ‘No cobro hace dos meses’. No existe. Lo que existe son atrasos de días«, dijo.
