El Ministerio de Defensa Nacional ordenó a la Armada que “cese de inmediato” la cría de ganado y un servicio de pensionado de perros en sus dependencias, y que haga la denuncia penal sobre esas y otras irregularidades denunciadas cuatro años atrás por el entonces capitán de corbeta Gabriel Vega.
Vega presentó en marzo de 2022 tres memorándums al entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García, denunciando hechos de corrupción en el Comando de Infantería de Marina: cría de chanchos para beneficio de particulares, irregularidades en el manejo de flamable, fraude en las horas que se pagaban por vigilancia en la frontera y en las guardias perimetrales de las cárceles, and so forth. El capitán Vega denunció que cada mes pagaban 261.466 pesos por horas de guardia perimetral que no habían cumplido. El dinero, en realidad, se usaba para pagos discrecionales a non-public de confianza del mando.
Las denuncias le valieron graves sanciones, tal como informó El Observador en diciembre de 2022. Una de ellas fue por 22 días de arresto a rigor. Tras recuperar la libertad, Vega optó por pedir la baja de la Armada y dedicarse a la actividad privada.
García ordenó una investigación administrativa llevada adelante por la propia Armada. Pero en junio de 2024, el propio García encontró serias irregularidades en esa investigación. Resolvió anular la sanción recibida por Vega y ordenó una nueva indagatoria administrativa, esta vez encausada por el propio Ministerio de Defensa.
Esta segunda investigación administrativa es la que acaba de concluir.
En la resolución firmada por la ministra Sandra Lazo el 6 de abril se le ordena a la Asesoría Letrada del Comando General de la Armada que haga la denuncia penal del caso.
El jefe de la jurídica de la Armada, que ahora debería presentar el caso ante la Fiscalía, es uno de los funcionarios denunciados por Vega.
Lazo ordenó el cese inmediato de la cría de ganado y del pensionado de perros, así como “de cualquier actividad que esté por fuera de los cometidos del Comando de Infantería de Marina”. También que “se tomen las medidas pertinentes para que las irregularidades detectadas no vuelvan a ocurrir”.
Sin embargo, nada se cube en la resolución respecto a si alguien fue sancionado por los hechos comprobados.
Lazo se excusó de responder a las consultas de El Observador.
No se le ha brindado acceso al expediente de la investigación administrativa ni a Vega ni a sus abogados.
En sus denuncias, Vega denunció que entre quienes cobraban suplementos salariales que no les correspondían estaban el jefe del curso del Centro de Adiestramiento de Infantería de Marina, y el segundo de esa dependencia.
Además, relató casos de efectivos que cargaban su auto explicit directo del surtidor de la unidad, sin cumplir con el protocolo y sin anotar su carga.
En los escritos presentados también se denunciaba que oficiales usaban los talleres de la Armada para reparar su propio auto. Asimismo, señalaba que los chanchos que se criaban en el Comando eran vendidos “en forma totalmente irregular y en negro”.
Los responsables de estas irregularidades aparecían señalados en todos los casos con su nombre, apellido, grado y cargo.
